En su discurso al asumir la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), el magistrado Helder Domínguez, se comprometió a reducir la carga procesal que ya supera los 8000 expedientes.
No es la primera vez que un presidente del TC anuncia medidas para reducir el número de expedientes no resueltos. En 2019, el TC declaró en emergencia la descarga procesal y un año antes hizo lo mismo.
Cada nuevo presidente al asumir el cargo reconoce el problema y promete solución.
Sin embargo, la tendencia es más bien a aumentar.
Cuando el 1 de junio, Domínguez Haro, juramentó como presidente del TC en reemplazo de la renunciante, Luz Pacheco, señaló que el organismo constitucional tenía 8104 expedientes pendiente de resolución y prometió impulsar medidas que agilicen la labor jurisdiccional.
En 2022, el presidente de aquel año, Francisco Morales Saravia, anunció medidas para reducir la carga procesal de 5000 casos pendientes de resolución.
En el lapso de cuatro años, la carga no se redujo sino aumentó en más de 3000 expedientes no resueltos.
¿Qué pasó?
Si buscamos la raíz del problema, vamos a encontrar que sus causas son similares a las del Poder Judicial, aunque no debería, dado el TC fue creado para cumplir una función específica: velar por la constitucionalidad de las leyes.
Pero en la práctica, el TC al igual que el Poder Judicial, se excede en sus funciones y quiere resolver casos que no necesariamente le corresponde.
El TC fue creado para resolver demandas de inconstitucionalidad, proteger los derechos (como última instancia) y resolver los conflictos de competencia entre diversos organismos del Estado.
Sin embargo, sus atribuciones las aplican por igual para todos los casos, sea que tengan trascendencia nacional o sean particulares. Por ejemplo, en la última década, el promedio de casos de pensiones que llegaron al TC representó el 30 % de la carga procesal.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en última instancia en la tutela de derechos. Son casos que comienzan en el Poder Judicial y por apelación llegan al TC, no son unos cuantos sino miles que buscan amparo o hábeas corpus, aumentando con ellos la carga procesal.
El descredito del Poder Judicial, y del sistema de justicia en general, es otro motivo de la acumulación de expedientes en el TC. Los litigantes llevan sus casos al máximo organismo constitucional, ya sea porque desconfían de vía judicial o buscan una alternativa a la justicia que le fue adversa.
A ello se suma el hábito de las personas e instituciones públicas o privadas por judicializar cualquier conflicto hasta la última instancia. Nadie respeta las reglas del juego. Todos quieren ganar.
Finalmente, la carga procesal en el TC termina por desvirtuar su razón de ser, al vulnerar el derecho de los demandantes a obtener una justicia oportuna.
La solución está en manos del propio TC, pero ésta debe contar con reglas claras y medibles, no simple retórica. Establecer precedentes vinculantes para limitar las demandas solo a casos donde haya violación a los derechos fundamentales, podría ser un comienzo.
Si los presidentes del TC no cumplen lo que prometen seguirán acumulándose los casos no resueltos y terminará convirtiéndose en otro Poder Judicial.
